Los ayuntamientos de la provincia de Zamora afectados por embalses quieren tener voz en la nueva planificación energética derivada de la extinción de las concesiones de las centrales hidroeléctricas. Con la explotación del embalse de Villalcampo a punto de cumplir los 75 años de cesión, el 10 de octubre de 2024, arranca un inédito proceso de extinción de los derechos concesionales sujeto, en muchos casos, a la condición de que las instalaciones revertirían al Estado.
Ante este nuevo escenario, los municipios zamoranos no quieren volver a ser «meros espectadores en decisiones que afectan al futuro de nuestros pueblos, como nos ha pasado hasta ahora» advierte Javier Aguado, alcalde de San Cebrián de Castro, presidente de la Asociación de Entidades Locales Afectadas por Centrales y Embalses de Producción Eléctrica de Zamora y vicepresidente de la Federación de Asociaciones con Centrales Hidroeléctricas y Embalses. «Si se opta por tramitar un concurso público de explotación, queremos estar presentes en la elaboración del pliego de condiciones de las nuevas concesiones y participar en los beneficios de la energía producida y de los rendimientos de la central hidroeléctrica».
Cifran un porcentaje mínimo del 20% de la reserva de energía. «Llevamos 75 años marginados; la renovación de las concesiones nos abre la puerta a resolver una deuda histórica con pueblos a los que nos privaron de las zonas más fértiles donde los vecinos tenían su sustento todo el año. Es el momento de hacer justicia» proclama el alcalde de San Cebrián de Castro como representante de los ayuntamientos.
Turismo de embalses
Apuestan también por impulsar el valor añadido que aporta el turismo de embalses en una de las mayores extensiones de costa dulce de España como es toda la lámina de Ricobayo en las aguas embalsadas del Esla. «Hay que tener en cuenta que las concesiones fueron otorgadas en los años 40, o incluso antes. Hoy día, estos aprovechamientos hidroeléctricos están amortizados y las empresas tiene unos beneficios récord y unas ganancias históricas. Y mientras, nuestros pueblos han sufrido un exagerado impacto sobre el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico» argumenta Aguado.
Aquella efervescencia de los primeros proyectos de generación de energía consolidó un sistema de generación de energía altamente eficiente a costa de unas zonas rurales «hoy muy abandonadas y despobladas». Pero la situación hoy es diferente y los tiempos han cambiado. Los ayuntamientos anuncian batalla y así lo han transmitido en reuniones con organismos competentes del Ministerio de Transición Ecológica y otros foros. También se manifestará en las alegaciones que municipios y asociaciones presentarán al expediente de extinción del derecho de aprovechamiento de aguas en el río Duero para uso hidroeléctrico en Villalcampo.
De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Aguas: «Al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesional» argumentan los municipios ribereños.
El hecho de que estas centrales se encuentren en plena explotación hace necesaria la continuidad de la actividad tras la caducidad de los derechos. Oficialmente hay que iniciar los procedimientos de extinción, reversión y nuevo concurso de los aprovechamientos hidroeléctricos, y Federación, asociaciones y municipios ribereños reivindican su presencia y voz, como directamente afectados.
En este caso concreto de Villalcampo, donde la reversión de las infraestructuras es al Estado, se ha de considerar la posibilidad de que la explotación y el mantenimiento de estas obras dependa, con carácter temporal hasta la adjudicación de la nueva concesión, o bien, del Organismo de cuenca, para lo que habría que celebrar contratos de servicio de operación y mantenimiento. O bien, tramitar una autorización temporal de explotación y contemplar la reserva de agua en el Plan Hidrológico de la cuenca.
Gestión
Para ambas alternativas, los municipios afectados consideran que la Confederación Hidrográfica del Duero deberá aclarar los instrumentos jurídicos o contratos marco, que pudieran amparar esta explotación temporal. Ante lo cual, la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Eléctricas y Embalses, así como la Asociación de Entidades Locales Afectadas por Centrales y Embalses de Producción Hidroeléctrica de Zamora y la Asociación para el Progreso de Municipios Afectados por Embalses, además de municipios ribereños, como partes afectadas, están interesadas en participar en el proceso de gestión relativo a la concesión de explotación para la central de Villalcampo.
El modo de gestión preocupa a los alcaldes, pues si se optara por la reversión y explotación al Estado, «esto daría lugar a que los Ayuntamientos dejaríamos de recaudar el IAE, por estar exentas del mismo las Administraciones Públicas» precisa el informe elaborado por María Ángeles Vasallo Sánchez, secretaria técnica de la Asociación con sede en Muelas del Pan y asesora de las entidades locales.
En ese supuesto, «que consideramos bastante inviable, se deberían establecer las medidas oportunas para que los territorios cedentes no pierdan su nivel de ingresos generado por este tipo de actividades». En la provincia de Zamora, la asociación con sede en Muelas del Pan, advierte de que la pérdida del IAE «puede suponer un recorte entre el 50% y el 80% de su presupuesto anual, lo que viene a agravar todavía más los problemas territoriales y demográfico que ya padecen».
Aunque ya hay precedentes con hidroeléctricas en el Pirineo, se trata de centrales muy pequeñas en comparación con la zamorana de Villalcampo, el primer gran complejo que abre camino de la caducidad que afectará a 255 concesiones en el territorio nacional antes del 1 de enero de 2030.
En el ámbito de la cuenca del Duero existen 12 concesiones para el uso privativo del agua con fines hidroeléctricos antes de esa fecha, destacando las centrales hidroeléctricas de Villalcampo I y Villalcampo II con una potencia instalada de 206 megavatios. «Somos los primeros afectados del proceso de extinción de concesiones. Lo que pase en Zamora va a sentar un precedente para toda España» advierte el alcalde de San Cebrián de Castro.
Producción
Zamora es una de las provincias con más centrales. Una decena de instalaciones: Ricobayo (Muelas del Pan), Villalcampo (Villalcampo), San Román (Pereruela), Castro I (Fonfría), Castro II (Villardiegua de la Ribera), Valparaíso (Mombuey), Cernadilla (Cernadilla) y Nuestra Señora de Agavanzal (Otero de Bodas) y los complejos hidroeléctricos Sistema Tera (Galende) y Sistema Bibey (Porto de Sanabria).
Con 30 embalses de producción de energía eléctrica –33.500 hectáreas anegadas–, Castilla y León en su conjunto es la primera comunidad autónoma en cuanto a potencia instalada y generación hidroeléctrica en España, con el 22,5% de la producción total en el último año.
El desafío no es baladí para unos municipios dispuestos a dar una batalla, impensable a principios del siglo XX, que permita resarcir la «deuda histórica» derivada del impacto medioambiental y socioeconómico que estas infraestructuras produjeron en los territorios donde se implantaron. «Nos estamos jugando el futuro de nuestros pueblos» proclama Javier Aguado.
Haciendo un poco de historia, los alcaldes lamentan cómo una legislación «muy permisiva» hizo que los grandes complejos de producción de energía hidroeléctrica se instalaran en la Zamora rural «sin que prácticamente los municipios recibieran contraprestación alguna. Es más, utilizando métodos que hoy, en plena democracia, serían rechazables, se llevaron a cabo desplazamientos de población o expropiación de viviendas y terrenos, sin opción al más mínimo atisbo de oposición o protesta».
Una reunión de la asociación con sede en Muelas del Pan / LOZ
Así consta en un documento elaborado por la Asociación de Entidades Locales Afectadas por Centrales y Embalses de Producción Eléctrica de Zamora, constituida en el año 1994. Esta asociación, con sede en Muelas del Pan y presidida por el alcalde de San Cebrián de Castro, Javier Aguado, inició su andadura con más de 40 municipios y, junto a las provincias de Huesca y Lérida, dio lugar a la creación de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses. Una entidad con más de 550 municipios socios, la más grande por detrás de la Federación Nacional de Municipios y Provincias (FEMP).
Un poco de historia
A pesar de que en los años 70 los ayuntamientos empiezan a percibir ingresos como consecuencia de los tributos que gravaban por entonces este tipo de actividades, éstos «eran muy inferiores a la importancia económica de la instalación, los rendimientos de la misma y la afectación del territorio». La modificación de la tributación como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, «perjudica gravemente las ya de por sí maltrechas economías municipales». Es por ello la incansable pelea de los pueblos donde se han instalado los grandes complejos de producción de energía hidroeléctrica y la defensa de los intereses comunes.
Una de las mayores razones de la creación de la asociación zamorana fue la problemática suscitada con el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), con la exclusión de las llamadas «paradas técnicas» de la tributación, ocasionando un quebranto importante a las arcas municipales. Esto se traducía en que cuando una central hidroeléctrica no estaba en funcionamiento, es decir, que no estaba turbinando, se descontaba a la empresa un porcentaje del IAE que tenían que pagar a los ayuntamientos. Día que la central no estaba funcionando, día que no pagaba.
Declaraciones de Javier Aguado / LOZ
La reacción de los ayuntamientos ante lo que consideraron un «agravio comparativo» con otras actividades económicas no se hizo esperar. La presión municipal en los años 1994 y 1995 dio sus frutos y una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán, apoyada por todos los grupos, consiguió la derogación del Real Decreto 1589/92 con supresión de las «paradas técnicas», obligando a las empresas a abonar la cuota íntegra del IAE que, con el planteamiento inicial, suponía una reducción de los ingresos para el Ayuntamiento de hasta en un 80%.
Impuestos
Además, se consiguió que los ayuntamientos fueran compensados por las reducciones que regulaba el Real Decreto con una partida de 1.500 millones de pesetas en los presupuestos generales del Estado de 1995 y 1996. A la consignación de esos 3.000 millones se sumó otra de 9.180, en los Presupuestos de 1997. Como consecuencia de esas compensaciones para todos los municipios afectados por embalses en el territorio nacional, en la provincia de Zamora los ayuntamientos se repartieron más de 350 millones de las antiguas pesetas.
Como refleja el informe elaborado por María Ángeles Vasallo Sánchez, el IAE «siguió dando problemas» como consecuencia de la promesa electoral del Partido Popular, en el año 2001, de suprimir el impuesto. Una medida que amenazaba con el «colapso de las finanzas municipales», ya que este impuesto «en muchos casos supone el 70-80% de los ingresos ordinarios de las corporaciones locales. Estaba en juego la supervivencia de cientos de pequeños municipios en todo el territorio nacional».
Finalmente, el IAE se mantuvo para las grandes empresas (aquellas cuyo volumen de negocio supera el millón de euros), lo que garantizaba para los Ayuntamientos el impuesto, pues prácticamente todas las compañías superan la cifra mínima para tributar por ese concepto.
Con aplicación de la Ley 39/8 Reguladora de Haciendas Locales, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se constituye en un tributo fundamental en lo que respecta a la fiscalidad municipal. Por ello, desde la asociación zamorana se trabajó por regularizar la aplicación de dicho impuesto, dado que ningún precepto recogía de forma expresa la relación con presas y saltos de agua.
Una batalla de recursos a nivel nacional consiguió que las instalaciones de la central hidroeléctrica, se sometieran por primera vez a la tributación del IBI. El Tribunal Supremo falló en favor de los ayuntamientos. Además de quedar consolidada la tributación del IBI de las presas, saltos de agua y embalses, se logró que, junto a otras instalaciones como centrales nucleares, autopistas o puertos comerciales, se clasificaran en una categoría especial denominada Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES).
Esta nueva regulación permitió que los ayuntamientos pudieran establecer un tipo impositivo que «en la mayoría de los casos de la provincia de Zamora supondría triplicar la recaudación». Y su aplicación se aprobó en las correspondientes ordenanzas. Una vez clasificadas las instalaciones como BICES se procedió a una revisión de los valores catastrales, lo que repercutió positivamente en las arcas municipales en el año 2008. Eso permitió que, por ejemplo, en el caso de Ricobayo «pasáramos de 23,8 millones de euros en el año 1992 a 38,5 millones de euros de valoración catastral en 2007» revela Javier Aguado.
La cruzada de los municipios «mutilados» a lo largo del siglo XX por los aprovechamientos hidroeléctricos toma nuevo impulso cuando empiezan a vencer las concesiones. «Estamos sufriendo de forma feroz el azote de la despoblación, el valor de nuestros recursos hídricos solo ha beneficiado a las productoras de energía. Es el momento de dar la batalla. Zamora no puede quedarse callada».
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Fuente: www.laopiniondezamora.es
